Hoy en día, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema financiero mexicano es al lavado de dinero, un proceso que consiste en la integración de recursos de actividades ilícitas al sistema financiero mediante una serie de maniobras para que tengan apariencia de procedencia lícita, esto representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana. Según el reporte “Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo - México 2018” ¹), se han realizado avances en prevención de lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Sin embargo, éstas no han sido lo suficientemente eficientes y precisas para interrumpir las diversas actividades criminales que toman lugar en nuestro sistema financiero.

Uno de los aspectos más grandes que dificultan la identificación del lavado de dinero tiene que ver con el uso de efectivo como método de pago. Según estimaciones del Banco de México, aproximadamente el 90% de las operaciones en el país se realizan mediante pagos en efectivo, debido a esto y aunado a que gran parte de los empleos en México son informales, resulta casi imposible que las instituciones financieras y las autoridades puedan ejercer la investigación y el control apropiado de los recursos que circulan en el mercado.

Otro de los factores cruciales que han permitido la proliferación del lavado de dinero es el tema de la corrupción, identificado como el principal problema que enfrenta México, éste acto no se encuentra identificado por el sector financiero mexicano con la claridad suficiente. Lamentablemente, el modelo de gobierno mexicano todavía carece de una estructura lo suficientemente adecuada y transparente para la asignación de recursos, ya sea en el ámbito federal, estatal o comunitario. Para muestra un botón, en el año de 2016 con el caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ocho, quien a través de una serie de empresas fantasmas y de licitaciones directas logró apoderarse de 35,421 millones de pesos aproximadamente, según el reporte de la Procuraduría General de la República (PGR).

De igual manera, la falta de persecución y castigo por lavado de dinero raramente se realiza, pues las autoridades mexicanas tienden a enfocarse más en la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Las leyes con las que se rigen las instituciones financieras no obligan a identificar a los beneficiarios finales de los recursos, ya que la investigación práctica es deficiente o nula. Esto aunado al hecho de que las autoridades únicamente se limitan a investigar los delitos de los cuales se generen recursos, lo que dificulta la identificación de dónde y de qué manera logran introducir todos los recursos generados de manera ilícita al sector financiero.

Las características actuales de la economía mexicana, así como la cultura y la debilidad de nuestras estructuras gubernamentales, permiten que esta práctica siga desarrollándose a pesar de las leyes o medidas de identificación que se propongan. El lavado de dinero no es perseguido ni castigado con la misma severidad que otros delitos relacionados con la corrupción o la delincuencia organizada. Para que se erradique el delito del lavado de dinero en Mexico, será necesario no sólo un cambio en las leyes y en las medidas propuestas por los gobernantes, sino también un cambio en la estructura y transparencia del sistema gubernamental que nos rige como ciudadanos.

¹ El reporte fue publicado en enero 2018 por el organismo multinacional e intergubernamental Grupo de Acción Financiera (GAFI).
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf

Bibliografía