Las empresas formales y el comercio informal en México

La actividad empresarial en México está sostenida principalmente por las Pymes y esto se debe a que son la principal fuente de empleo en el país y son las que tienen una carga fiscal de hasta el 53%¹, por lo que no está repartida de manera equitativa en este grupo, esto debido al comercio informal que, según datos del INEGI del 2003 al 2018, ha mantenido un peso relativo promedio en el PIB de 23.25 puntos².

La postura del gobierno en turno con respecto a la pérdida de tantos empleos, donde en lugar de estimular la economía formal con incentivos, disminución del porcentaje de los impuestos u otorgamiento de un aplazamiento para el pago de las declaraciones anuales, o de un subsidio a los salarios; se ha mantenido la misma carga para las entidades que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

El actual gobierno de México busca reestructurar su deuda pública para proteger a la población más vulnerable que en su mayoría depende de la informalidad y que no pagarán dicha deuda, lo cual no es necesariamente malo, dada la situación, pero esto se pretende lograr a través del sobrecargo y persecución de las empresas constituidas formalmente. Esto último puede verse con la nueva reforma fiscal que eleva la evasión fiscal a grado de delincuencia organizada y que aún sin pruebas pueda ameritar prisión preventiva.

Las empresas factureras deben ser perseguidas y erradicadas, pero es debatible el hecho de ejercer presión, debido a las posibles consecuencias sobre las empresas formalmente constituidas y dejar de lado a todas las personas que no contribuyen al erario público. Lo anterior también es uno de los factores importantes que causa que el 90% de las empresas quiebren en los primeros 5 años, así como la no implementación de tecnología³. La falta de estímulos que se tienen por parte del gobierno para iniciar una empresa con más de 50 empleados es bastante menos alentadora que a diferencia de conseguir una tanda para el bienestar.

La punibilidad de la evasión fiscal no es debatible, pero ejercer este tipo de medidas en la economía mexicana suena más a un discurso político, que a una verdadera medida económica, ya que eleva a nivel de villanos a los emprendedores y empresarios formalmente constituidos y que contribuyen a realizar los proyectos de la actual administración.

El gobierno, no solamente el actual, ha estado más ocupado en obtener mayores recursos de la economía formal, que de incorporar al sector informal al padrón de contribuyentes. Esto podría ser una de las razones que motiven la disminución de pagos de impuestos, debido a que perciben que es una carga injusta y no solo eso, sino también la falta de acceso a deducciones especiales en regímenes en los que no se ven incluidos.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la peor recaudación de impuestos de todos los integrantes, sin embargo, respecto al ISR tiene una tasa mayor que los otros integrantes con un promedio de 24%. ⁴Dicha tasa no se ha visto disminuida a pesar de la contingencia sanitaria y de que el gobierno obligara a las empresas a cerrar sus oficinas, sin permitir el ajuste al repentino cese de operaciones, reduciendo su plantilla laboral o ajustando sus precios, ni hacer acuerdos con el personal para acordar un salario que los empleadores sí puedan permitirse.

Aunado a esto, se han perdido más de 7,000 patrones y poco más de un millón de empleos formales en lo que va del año durante la pandemia, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social⁵, esto también se debe a consecuencia de las pocas facilidades de créditos que brinda el gobierno al sector comercial, limitándolos por un monto de 25 mil pesos, que para una empresa con 20 empleados pagando el salario mínimo apenas cubre una semana.

El sector informal tiene una competencia desleal con las demás entidades, gracias a que no tienen contemplado el pago de impuestos en sus precios o no siempre declaran todas sus operaciones, lo que termina abaratándolos y encareciendo los precios de los que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Dicha práctica terminará afectando al sector formal debido a la necesidad de los consumidores de buscar lo más barato, por lo que acudirán a estos bienes y servicios del comercio informal.

Considerando todo lo anterior, sería más razonable que se promueva el sector formal para que cree más empleos y reduzca el número de personas que necesitan asistencia social, lo que permitiría recaudar más dinero para los macroproyectos que tiene pensado el gobierno, a pesar de sus dudosos beneficios. A diferencia de las grandes empresas que tienen asignados contratos y licitaciones con el gobierno, las Pymes han sentido fuerte el impacto de esta pandemia, sin embargo, esto no terminará con la apertura de los comercios, ya que las consecuencias seguirán afectando a este sector en los meses venideros.

En conclusión, se puede mencionar que la presente carga fiscal no hace más que encarecerse a sí misma, en un ciclo donde la presente situación promueve el comercio informal que a su vez encarece las obligaciones fiscales y que conduce a las personas a este sector. Finalmente, ¿de dónde terminarán saliendo los recursos para la nación si pareciera ser que hay más oportunidad en la informalidad?