La defraudación fiscal

Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los últimos 4 años cerca de 9 mil empresas fantasma defraudaron 354 mil millones de pesos (el 1.4% del PIB) mediante la simulación de operaciones comerciales, la emisión ilícita de facturas e impago de impuestos a las arcas públicas.¹ Para combatir dichas actividades ilícitas y así mejorar la contribución del Estado, el 8 de noviembre se decretó la Reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal , en donde se equipara la figura de las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) con la delincuencia organizada, así como sus sanciones que pueden llegar hasta la prisión preventiva oficiosa, manejando la defraudación como riesgosa para la seguridad nacional, como lo es el crimen organizado.

Por lo anterior, los expertos en la materia comentan que es un gran error el hecho de que se castigue de la misma manera la simulación de operaciones o las empresas fantasma con el crimen organizado, ya que si bien son delitos que afectan al erario público y disminuyen la recaudación fiscal, es un tema con el cual los contribuyentes actualmente batallan, ya que en algunos casos la autoridad fiscal ha determinado la falta de materialidad en las operaciones reportadas al fisco por parte de los contribuyentes para la determinación de impuestos, y por lo tanto la aplicación de la deducción, acreditamiento o compensación de los mismos, pero el criterio de la autoridad para llegar a esa resolución en diferentes ocasiones ha sido por algún tipo de descuido por parte del contribuyente, como el hecho de no haber estado presente en el momento de una visita, y por el cual el contribuyente comienza todo un proceso legal para desvirtuar dicha resolución, en los cuales muchas de las veces ha podido ser desvirtuada, obteniendo una resolución favorable después de todo un largo proceso.

En ese sentido, se han estado discutiendo estas medidas como violatorias al derecho a la presunción de inocencia, así como el riesgo de una persecución hacia el buen contribuyente. Por el momento, esta reforma ya fue aprobada, y ahora el buen contribuyente deberá llevar toda una serie de cuidados para evitar caer en esta riesgosa situación por algún tipo de descuido que pudiera llevarlo a la calificación de crimen organizado.